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Santo Tomé: autorizan la interrupción del embarazo de una niña con retraso cognitivo

Santo Tomé: autorizan la interrupción del embarazo de una niña con retraso cognitivo


En respuesta a un pedido de la progenitora de la niña, la titular del Juzgado de Instrucción y Correccional de Santo Tomé, Sara Durand, autorizó la interrupción del embarazo de una niña de 13 años con retraso mental madurativo. 

De acuerdo a lo consignado por el diario El Litoral de Corrientes, la madre había ido a consultar al hospital por cambios corporales que presentaba la nena, y se dio intervención al Juzgado al presumir que se trataba de una gestación producto de un abuso sexual.

El Ministerio Publico Fiscal expresó no tener objeciones a que se practicara a la mayor brevedad posible el aborto solicitado por la madre de la menor incapaz, ya que se daban los supuestos establecidos en el artículo 86 del Código Penal (que prescribe la exención de punición para el procedimiento interruptivo realizado sobre una mujer “demente” cuando el estado de gravidez resulte fruto de “violación o atentado al pudor”).

Los integrantes del Instituto Médico Forense (IMF); psicólogos y otros profesionales, tras confirmar un diagnóstico de retraso mental moderado, epilepsia, con crisis convulsivas tónico-clónicas, sugirieron que se arbitraran las medidas preventivas necesarias para la anticoncepción por la situaciones de abuso, y debido a la extrema vulnerabilidad tanto en su desarrollo cognitivo, como así también el déficit de cuidados y protección debido al contexto socio-económico familiar en el que se encontraba, según se informó desde el Poder Judicial, a través de su página oficial.

“La interrupción de un embarazo siempre conlleva riesgos, sin embargo cuando el procedimiento se realiza en un ámbito adecuado y siguiendo los protocolos vigentes, los riesgos se minimizan”, expresa parte de lo indicado por el IMF. Agrega el informe que “teniendo en cuenta la edad gestacional, el procedimiento a realizarse es por via vaginal, induciendo en primera medida la expulsión del feto y eventualmente en forma posterior, realizando un legrado de ser necesario”. 

En este punto los médicos aplicaron el protocolo, que indicaba un tratamiento medicamentoso, más luego de seis días de espera sin que la niña respondiera al mismo, se debió optar por otra alternativa. Tras una nueva Junta Médica, se planteó entonces una cesárea y la posibilidad de una ligadura de trompas ya que “hay razones terapéuticas por las cuales es aconsejable evitar futuros embarazos y para evitarlos se dispone en la actualidad de muchos métodos anticonceptivos, siendo la ligadura de trompas uno de ellos, en casos de pacientes insanas en las que sea conveniente evitar embarazos”.

En ese punto, tomó intervención el Juzgado Civil y Comercial con competencia en Menores y Familia, en virtud de un llamado telefónico anónimo en el que daba cuenta de la situación de vulnerabilidad por parte de la nena y su madre. 

El planteo de la autorización de ligadura de trompas fue derivado por los médicos al Juzgado a cargo María Dionisia Zovak, quien finalmente autorizó la esterilización quirúrgica, consistente en la realización de cesárea con ligadura de trompas.
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