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La Corte declaró inconstitucional cobrar ganancias a los jubilados

La Corte declaró inconstitucional cobrar ganancias a los jubilados


A los jubilados de todo el país se les abrió una ventana para realizar los reclamos de los descuentos que se les realizan por impuesto a las ganancias concretada a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). 
Es que ayer la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del cobro a los jubilados del impuesto a las ganancias.
El máximo órgano judicial falló en un caso y marca antecedente para no retener sumas en concepto de ganancias hasta tanto el Congreso legisle la exención a favor de los jubilados.
En el país hay unos 300.000 jubilados que tributan Ganancias, mientras en Misiones, a febrero de 2019, de un total de 21.426 beneficios, son alcanzados por este impuesto un total de 1.592 adultos mayores del Instituto de Previsión Social.
Respecto a los jubilados nacionales residentes en Misiones, consultado por El Territorio respondieron desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que aún no tenían desagregada esa información correspondiente a la provincia.
Desde Anses sólo afirmaron ayer que el 2% de los jubilados de esa administración en todo el país pagan Ganancias. 
Recordaron que la ley de Ganancias indica que todos los que reciben más de 6 jubilaciones mínimas ($62.460), deben pagar el impuesto.
Por lo que pudo saber este matutino ese monto se mantiene tanto para los jubilados provinciales como el caso de Misiones, como los nacionales.
 Ayer, además, se conoció que la Corte Suprema al menos tiene otros 2.000 casos más por resolver.

Qué dice el fallo
Como se indicó, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, declaró la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones y pensiones.
Lo hizo en el caso de María Isabel García, jubilada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, que en el año 2015, cuando contaba con 79 años de edad, promovió contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) una acción con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la deducción del impuesto a las ganancias sobre su beneficio.
Afirmó que padecía problemas de salud y que los descuentos en su beneficio oscilaban entre el 29,33% y el 31,94%. 
La Cámara Federal de Paraná confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad de la Ley de Impuesto a las Ganancias y que había ordenado a la Afip que cesara en la aplicación del impuesto sobre la jubilación de la señora García y le abonase las sumas que se hubiesen retenido desde la promoción de la acción.
La Corte Suprema, tras recordar el alcance de los principios de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria, destacó que el presente caso debe resolverse en base a la naturaleza eminentemente social del reclamo efectuado por la jubilada. 
Explicó en este punto que la reforma constitucional de 1994 garantizó “la igualdad real de oportunidades y de trato” a favor de los jubilados, como grupo vulnerable (artículo 75 inciso 23). 
Planteó que el envejecimiento y la enfermedad son causas determinantes de vulnerabilidad que obligan a los jubilados a contar con mayores recursos para no ver comprometida su existencia y calidad de vida, reflejó ayer en su página el Centro de Información Judicial.

Trabajo legislativo
Destacó que la reforma constitucional de 1994 genera el deber del legislador de dar respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables –entre ellos los jubilados-, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos. 
Más adelante destacó que el Tribunal destacó que el sistema tributario no puede desentenderse del resto del ordenamiento jurídico y operar como un compartimento estanco, destinado a ser autosuficiente sin considerar los grupos que la Constitución protege de manera especial.

Vulnerabilidad 
En este marco, la Corte explicó que la sola utilización de la capacidad contributiva como parámetro para establecer impuestos a los jubilados y pensionados resulta insuficiente porque no toma en cuenta la vulnerabilidad de los jubilados que ampara la Constitución Nacional. “La falta de consideración por las autoridades de esta circunstancia coloca a los jubilados en una situación de notoria e injusta desventaja”, según el fallo.
 Por todo ello, la Corte Suprema resolvió que el texto actual de la ley, redactado en un contexto histórico diferente, resulta insuficiente y contrario al nuevo mandato constitucional.
 Concluyó, por lo tanto, que no puede retenerse ninguna suma por impuesto a las ganancias a la jubilación de la demandante hasta que el Congreso Nacional dicte una ley que exima a las jubilaciones de este impuesto, debiendo reintegrarse a la señora García los montos retenidos desde la interposición del reclamo.

En disidencia
En disidencia, Carlos Rosenkrantz resolvió que las normas de la Ley de Impuesto a las Ganancias que establecen que las jubilaciones y pensiones se encuentran alcanzadas por dicho impuesto son, en principio, constitucionales y que no se demostró la inconstitucionalidad ni irrazonabilidad del pago del impuesto en el caso de la actora. 
Para resolver de ese modo, de manera preliminar, Rosenkrantz destacó que en el año 2016 -a los efectos de morigerar la sensible situación de los jubilados y pensionados- el Congreso sancionó la ley 27.346 que introdujo modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias.
 En dicha ley, el Congreso estableció una deducción especial en virtud de la cual las jubilaciones o pensiones de aquellos beneficiarios del régimen general, con ingresos exclusivamente de naturaleza previsional, son gravadas recién a partir de una suma que, al día de hoy, es de 62.462,22 pesos.
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