La Oficina Anticorrupción (OA) denunció penalmente a la exministra de
Seguridad Patricia Bullrich y el exjefe de Gabinete macrista Marcos Peña
por supuesto direccionamiento en una compra de sistemas de seguridad
para pasos fronterizos en 2016.
Los denunciantes dijeron que se
trató de una licitación irregular en la que el Gobierno de Juntos por
el Cambio (JxC) habría optado por la opción más costosa en perjuicio de
las arcas estatales por 5 millones de dólares, entre otras irregularidades.
"No quedan dudas respecto de la voluntad de la entonces Ministra de
Seguridad, Patricia Bullrich y del Secretario de Coordinación
Planeamiento y Formación de dicho Ministerio, Alberto Fernando Föhrig,
de favorecer a las firmas ganadoras en perjuicio de la administración
pública", sostiene la presentación de 26 páginas que la OA presentó ante
la justicia, informaron fuentes del organismo.
También fueron denunciados, al igual que Bullrich,
por los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario
público y administración fraudulenta en perjuicio de la administración
pública" el exjefe de Gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña, y los
exfuncionarios Gerardo Milman (actual diputado nacional de Juntos por el
Cambio) y Fernando Alberto Fohrig.
En ese escrito, en
el que se detalla el paso a paso de la operación, el organismo remarcó
que "las numerosas irregularidades administrativas descriptas confirman
la decisión de obrar en beneficio del consorcio IAI-ELTA/Rafael Ltd. en
forma rauda y expedita, despreocupándose por siquiera disimular mejor la
maniobra".
Esa "maniobra", según la OA, consistió en
direccionar la compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos a
una empresa a la que Cambiemos le pagó 35 millones de dólares, 5
millones más de lo que ofrecían las demás competidoras en la licitación.
Bullrich "resolvió adquirir el millonario sistema de seguridad de
fronteras a Israel Aeroespace Industries Ltd. (IAI), es decir a una de
las firmas representadas por Barr Eitamar, mediante un procedimiento que
exhibe las irregularidades que se describirán a continuación".
"Las conductas concretadas por Marcos Peña, Patricia Bullrich, Gerardo
Milman y Fernando Alberto Föhrig, en tanto, implicaron la adquisición y
capacitación para utilizar aeronaves no aptas para volar en nuestro país
al momento de su compra, quedarían encuadradas en los delitos de
incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración
fraudulenta en perjuicio de la administración pública", detalló el
organismo.
Para la OA, Peña, Bullrich, Milman y Föhrig, "abuso
de poder mediante, se habrían excedido en la confianza otorgada o las
obligaciones asumidas, violando sus deberes, y abusando de su posición".
"La acción típica entonces es la de perjudicar los intereses confiados,
que en la inteligencia del mandato jurídico subyacente que origina la
relación titular/administrador, implica la violación de deberes por
parte del agente", se argumentó en la presentación.
En base a la investigación,
"Patricia Bullrich y (el funcionario) Fernando Alberto Föhrig
impulsaron y adquirieron un sistema `enlatado` sin previsión alguna de
su adaptabilidad a la realidad y a la normativa vigente en el país, por
razones ajenas al interés público y en perjuicio del patrimonio estatal".
Pero, además, la OA advirtió que cargan con otra "conducta objeto de
reproche penal, cual es la adquisición de dos vehículos aéreos no
tripulados que conforme la normativa vigente al momento de la compra, no
estaban autorizados a volar en la República Argentina".
Incluso, en esa operación, el Estado le pagó a la empresa ganadora de la
licitación el impuesto a las ganancias por 600 mil dólares a través de
un ente cooperador.
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